Masacre de La Rochela: 30 años de impunidad

min masacrePor: Redacción EL BUSCADOR | MJG* | Febrero 2019

Quince funcionarios judiciales fueron interceptados por paramilitares; doce fueron asesinados a mansalva. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado colombiano por el caso, el crimen sigue impune. 


Los hechos 

inter masacre bEl 18 de enero de 1989, una comisión de 15 funcionarios judiciales viajaba desde San Gil (Santander) hasta el Magdalena Medio, con el fin de investigar la sistematicidad de los delitos que se estaban cometiendo en la zona, sobre todo, la desaparición de 19 comerciantes que había ocurrido dos años atrás. 

Cuando la comisión se movilizaba por el corregimiento de La Rochela, ubicado en Simacota (Santander), fue interceptada por un grupo de paramilitares, quienes se hicieron pasar por guerrilleros y le dijeron al grupo de investigadores judiciales que debían entregar sus armas y abordar otros carros para salir del lugar porque se acercaba un enfrentamiento con el Ejército y era mejor evitar problemas. Absoluto engaño. 

Después de entregar las armas y recorrer unos pocos metros en dos jeeps, aproximadamente 15 hombres comenzaron a dispararles a quemarropa. Tres investigadores lograron sobrevivir porque fingieron estar muertos. 
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Uno de ellos fue Wilson Humberto Mantilla, quien en 2014 le contó a Semana que “uno de sus compañeros lo salvó, debido a que la masa encefálica y la sangre de quien iba a su lado le cayó encima. Esto le ayudó a hacerse el muerto. Su boca también estaba llena de la sangre de su amigo y al ser golpeado por uno de los atacantes la arrojó, por lo que el paramilitar dio la orden de que lo dejaran tirado. Una vez se marcharon los paramilitares, logró soltar las ataduras de las manos y salir del lugar. [...] Al que se moviera le disparaban un tiro de gracia en la cabeza”, recordó en la conmemoración de los 25 años de tan macabro crimen. 

En la masacre murieron: 

  • Mariela Morales Caro, 36 años, Jueza 4 de Instrucción Criminal de San Gil
  • Pablo Antonio Beltrán Palomino, 40 años, Juez 16 de Instrucción Criminal de San Gil
  • Samuel Vargas Páez, 44 años, Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil
  • Gabriel Enrique Vesga Fonseca, 23 años, Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil
  • César Augusto Morales Cepeda, 28 años, Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil
  • Yul Germán Monroy Ramírez, 28 años, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá
  • Carlos Fernando Castillo Zapata, 24 años, Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá
  • Orlando Morales Cárdenas, 21 años, Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial
  • Virgilio Hernández Serrano, 59 años, Secretario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá
  • Benhur Iván Guasca Castro, 24 años, Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial
  • Luis Orlando Hernández Muñoz, 29 años, Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá
  • Arnulfo Mejía Duarte, 24 años, Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil

Antecedentes y presuntos responsables 

A pesar de que los asesinos escribieran en uno de los carros “Fuera el MAS*, fuera los paramilitares” con el fin de desviar las investigaciones y atribuir esta masacre al Frente XIII de las FARC, lo cierto es que más adelante se corroboró que este crimen se ejecutó por una alianza entre paramilitares y Fuerzas Militares. 

De hecho, en una nota reciente, Blu Radio cuenta que “la masacre de La Rochela sucedió a cinco kilómetros de un puesto militar que estaba ubicado en el sector conocido como Campo 23, sobre la Troncal del Magdalena Medio, que hoy es la Ruta del Sol, a una hora de Barrancabermeja. Varios militares estuvieron comprometidos con esta masacre de funcionarios judiciales en Santander, entre ellos el fallecido general Faruk Yanine Díaz”.

Investigaciones como la adelantada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) permitieron establecer que la muerte de los funcionarios judiciales ya se había establecido desde antes de que ellos llegaran, pues se habían hecho varias reuniones entre militares, mafiosos y políticos, quienes determinaron que lo mejor era asesinarlos. Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar temían específicamente que el grupo descubriera unos cultivos de coca en Puerto Parra (Santander). 


La Fiscalía en deuda con sus propios funcionarios 

Los familiares de las víctimas demandaron al Estado colombiano en 1997 ante la CIDH, que en 2007 determinó “la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación del derecho a la vida en perjuicio de los miembros de la comisión judicial, el derecho a la integridad personal en perjuicio de las víctimas y sus familiares, el derecho a la libertad personal en perjuicio de las víctimas y por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”. 

Han pasado 30 años de esta masacre y, a pesar del juicio de la CIDH, aún no se conocen los autores intelectuales del hecho, así como los familiares de las víctimas tampoco han accedido a los derechos de verdad, justicia y reparación. El único condenado fue alias ‘Vladimir’, autor material.

*El MAS (Muerte A Secuestradores) fue el primer grupo paramilitar financiado por el narcotráfico en Colombia. Su función principal era proteger a los capos de la mafia y terratenientes de las acciones de la guerrilla.

*María José González | Editora general. 

EDITORIAL


“Tenemos derecho a respirar aire puro y a tomar agua libre de cianuro de minería. El desarrollo sostenible debe estar por encima de un sistema neoliberal que base su crecimiento en el paradigma del capital, sin tener en cuenta la vida futura”.
John Jairo Martínez Álvarez | Docente de Economía | USTA, Tunja.

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